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Melincué.- Bajo la amenaza de una crecida imprevista de la laguna y los efectos de una pedrada que hundió techos y dejó gente sin vivienda, los vecinos convocaron a una asamblea popular para hoy a las 19. En el encuentro reforzarán su reclamo a las autoridades para que definan con urgencia la obra del canal nivelador y la construcción de defensas sobre la ruta 90, que tiene desde hace tiempo un tramo clausurado y cubierto por el agua.
Para Delqui Nocino, del Centro Económico, los melincuenses demostraron tener una paciencia infinita. "Hace 25 años que reclamamos obras para controlar el nivel de la laguna, aunque la necesidad se remonta a mucho tiempo atrás", explicó. El fantasma de la gran inundación de 1978 al 81 sobrevuela a la comunidad que contabiliza las promesas acumuladas para controlar el nivel del agua de la laguna Melincué.
Los vecinos aspiran a delinear futuras acciones para lograr la atención de las autoridades provinciales sobre sus demandas. "La laguna viene creciendo hace rato", insistieron. Para una segunda instancia se prevé cierre de comercios. La localidad que conoció mejores épocas cuando el turismo estaba en su apogeo pretende retomar ese perfil, pero está condicionada a la realización de obras siempre prometidas.
El presidente comunal Jorge Raposo dijo que es urgente reponer el terraplén de contención que se sacó hace siete años, recibir fondos para trabajos de desagote, reponer la iluminación que desapareció y reacondicionar el pueblo en general. También se pedirá que la provincia acelere los trámites e inicie la obra definitiva del canal de regulación que se financiará desde la Nación con el Fondo Hídrico. "La ley está aprobada, promulgada y reglamentada. Falta la aprobación de ese trámite", explicó.
El viernes pasado una pedrada intensa y prolongada cambió la fisonomía del pueblo. Plantas, vidrios, techos y casas todavía conservan la marca de la fuerza del meteoro. En la iglesia local el techo de una edificación posterior cedió bajo el peso de las piedras. "Un panorama muy triste, había un metro de piedra contra las paredes", describieron. La tormenta dejó evacuados y viviendas destruidas.
Silvia Carafa / La Capital

SANTA FE.- Entre 15.000 y 18.000 personas sin techo, alrededor de treinta y cinco mil alumnos sin clase, doce escuelas inutilizadas, veinte rutas destruidas y pérdidas que en el sector privado alcanzan los 2000 millones de pesos son el tremendo balance parcial de los costos de la inundación que, desde el 29 de abril último, castiga a Santa Fe. . Ahora, llega la no menos difícil tarea de iniciar la reconstrucción de una provincia que ha quedado con su economía devastada. Treinta localidades afectadas y más de 2,5 millones de hectáreas productivas bajo el agua no hacen más que agravar el panorama que debe enfrentar el gobierno del justicialista Carlos Reutemann. . El proyecto global de reconstrucción será definido por una unidad ejecutora llamada Recuperación de la Emergencia Hídrica y Pluvial, que dispondrá de un fondo que se integrará con aportes provinciales, nacionales e internacionales. . El gobierno nacional enviará 150 millones de pesos, al tiempo que el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo aportarán cien millones de dólares. . Para ello, el gobernador de Santa Fe, Carlos Reutemann, recibió autorización legislativa para endeudarse hasta quinientos millones de pesos. Sin embargo, se estima que, más allá de las obras que resuelva el Estado, las pérdidas conjuntas del sector privado -según un estudio de la Fundación Libertad- ascienden a unos dos mil millones de pesos, si se suman los perjuicios comprobados en toda la cuenca del Salado, donde más de 30 localidades y 2,5 millones de hectáreas productivas sufrieron los efectos de la inundación. . Por lo que adelantan algunos informes técnicos, entre 15.000 y 18.000 habitantes que poseían su vivienda en la zona inundable del Oeste, en terrenos que otrora conformaron el valle aluvional del río, deberán ser relocalizados. De lo contrario, se seguirá violando una ley provincial, aprobada en 2000, que precisamente impide estos asentamientos.
Por José E. Bordón
Corresponsal en Santa Fe/ Diario La Nación